Susana Hidalgo - Bafatá (Guinea Bissau) (El Diario)
“No podéis entrar, a partir de ahora estas tierras pertenecen a la empresa española Agrogeba”. A Djenabu Balde no se le olvidará el día en que, junto a otras mujeres, se encontró con que ya no podía pasar a las tierras de cultivo de arroz que hasta entonces le servían para subsistir y alimentar a sus ocho hijos.
Djenabu es una de las 600 personas expulsadas por el acaparamiento de tierras que Agrogeba, dedicada a la producción de arroz, ha hecho en Bafatá (Guinea Bissau) y que ha sido corroborado por un informe realizado en 2012 por la ONG Alianza por la Solidaridad junto con Intermón Oxfam. Cuando en 2010 Agrogeba llegó a esta zona del interior de Guinea Bissau, cortó el paso en los caminos y contrató a guardas rifle en mano para evitar que ni personas ni animales volviesen a cruzar los cultivos de arroz.
De un lado, las comunidades afectadas, apoyadas por la ONG local Aprodel, denuncian que las tierras les pertenecen porque las cultivan de manera histórica y que Agrogeba les ha obligado a trasladarse a otros lugares más lejanos y menos fértiles. Del otro, la empresa aduce que las tierras son de titularidad pública, que llegó a un acuerdo con el gobierno guineano y que desconocía que la zona estuviese siendo previamente cultivada por los locales. Algunas comunidades se han tenido que resignar y buscar otros terrenos. Otras, en cambio, han resistido y han conseguido hacerse fuertes y echar a Agrogeba.
Las más afectadas por esta acaparación de tierras son las mujeres, ya que ellas son las que se dedicaban de manera mayoritaria al cultivo tradicional de arroz. “Ahora, desplazadas, han perdido la autonomía respecto a los hombres”, señala Aua Keita, responsable de Seguridad Alimentaria de Aprodel.
Condiciones laborales cuestionables
Con la llegada de Agrogeba, el trabajo se ha mecanizado y las personas que trabajan para la empresa son hombres. Estos ni siquiera tienen contrato. “A mí me debían nóminas, me cambiaban sin yo pedirlo salario por arroz y solo me tenían trabajando de manera temporal y sin contrato. No nos ayudan en nada, el arroz que no venden porque de aspecto no es bonito lo queman en vez de regalárselo a las familias”, denuncia Sirufo Pemba, extrabajador de la empresa.
Agrogeba es cien por cien de capital español. Dos de sus cuatro socios lo son también de Petromiralles Group S. L., una empresa dedicada a la gestión de gasolineras y que tiene un proceso abierto en la Audiencia Nacional por blanqueo de dinero, fraude fiscal y falsedad documental. Agrogeba empezó en 2010 su proyecto empresarial en Guinea Bissau con una inversión de cuatro millones de euros y una concesión por parte del gobierno guineano de 6.000 hectáreas. El proyecto está en una fase inicial y la empresa, de momento, está explotando una mínima parte.
Jaume Pons, es socio de la empresa arrocera gerente de la fábrica en Bafatá. Llegó hace cuatro años y dice que lo hizo actuando “de buena fe”. Que el gobierno les ofreció unas tierras para el cultivo de arroz y que estas estaban abandonadas y descuidadas y gracias a la entrada de Agrogeba ahora esas tierras son productivas.
“Se disparó a la vaca porque ya estábamos cansados"
Pons reconoce algunas de las denuncias que hacen las comunidades afectadas, como que los guardas retienen a las vacas que entran en las tierras que ha ocupado la empresa. El ganadero que quiere recuperarlas tiene que pagar 40.000 cfas (unos 60 euros). Una vez uno de los guardianes disparó incluso a una de las vacas que se había colado en las tierras y la mató de un disparo. El dueño denunció lo ocurrido a los tribunales y el litigio está abierto. “Se disparó a la vaca porque ya estábamos cansados de que se colasen los animales en las tierras”, justifica Pons.
Cerca de su oficina está aparcada la avioneta con la que Agrogeba fumiga los terrenos. “Agrogeba ha implementado un modelo de producción industrial intensivo. Este modelo implica un uso intensivo de fertilizantes nitrogenados y una gran variedad de agrotóxicos, implementados en su mayor parte por fumigación aérea”, denuncia el informe de Alianza por la Solidaridad. Pons asegura que los productos que utilizan para fumigar son legales y que los empleados que tienen que manipularlos utilizan guantes y mascarillas para protegerse.
Sin embargo, las comunidades aseguran que el uso de pesticidas les está afectando a la salud. Maimuna Balde es matrona y por sus manos han pasado casos de varias mujeres afectadas: “Los productos químicos desplazan las nubes de mosquitos de los cultivos a la zona donde hay más población y eso produce más malaria. También estamos teniendo más abortos en mujeres”, denuncia.
La lista de quejas de las comunidades con Agrogeba es interminable. Amadu Balde, jefe de una de los poblados, cuenta que la empresa se comprometió a construir una escuela y un centro de salud. “Lo dijeron ellos, nadie les pidió nada. Pero tampoco lo han cumplido”. Desde Agrogeba, Pons reconoce que es cierto que todavía no han construido nada de lo que prometieron a la población en compensación por su llegada. “Todavía no hemos recuperado la inversión y no tenemos ahora dinero para hacer obra social”, concluye.
